Lo ocurrido ayer en la marcha de Friusa es una clara muestra de cómo el Gobierno está fallando en garantizar un derecho fundamental: la libertad de expresión y protesta pacífica.

 

No se puede justificar el uso de la represión contra ciudadanos que, de manera organizada, decidieron manifestar sus preocupaciones sobre la situación migratoria en nuestro país.

Las autoridades deben entender que la solución no es silenciar a la gente, sino escuchar sus demandas y responder con acciones responsables y equilibradas. La democracia se fortalece cuando hay diálogo y respeto, no cuando se impone la fuerza contra quienes piensan diferente.

Rechazo enérgicamente cualquier intento de callar la voz del pueblo y exijo que se respeten los derechos ciudadanos. Es momento de que el Gobierno actúe con transparencia y busque soluciones reales, sin atropellos ni abusos.

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